Con más de 150 millones de usuarios registrados, el Pix se ha consolidado como uno de los principales medios de pago en Brasil. Datos de la Fundación Getulio Vargas (FGV) indican que, en 2024, el 63% de los brasileños utilizaron Pix al menos una vez al mes, con un promedio de 32 transacciones mensuales por usuario. Otro estudio realizado por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) mostró elPIX fue el medio de pago más utilizado en Brasil en 2024, con 63,8 mil millones de transacciones, un crecimiento del 52% respecto a los 41,9 mil millones en 2023, lo que refuerza el éxito del medio de pago entre la población brasileña.
Sin embargo, la popularización del sistema desarrollado por el Banco Central también puso de manifiesto un aumento significativo de fraudes, estafas y errores en las transacciones. Este escenario plantea discusiones urgentes sobre la responsabilidad jurídica involucrada en estos casos, tanto por parte de las instituciones financieras como de los propios usuarios.
Según la abogada del despacho Bosquê & abogados Karina Gutiérrez, el aumento en los casos de estafas que involucran Pix requiere un análisis minucioso del marco jurídico. “Pix es un avance tecnológico sin precedentes, pero su velocidad y facilidad de uso también abrieron brechas explotadas por criminales. En casos de fraude, es fundamental evaluar si hubo una falla en la prestación del servicio por parte de la institución financiera, lo que puede generar responsabilidad objetiva”, explica.
Desde el punto de vista legal, el Código de Defensa del Consumidor (CDC) se aplica con frecuencia en estos casos, especialmente cuando se trata de relaciones entre clientes e instituciones financieras. En situaciones de error de transacción, como transferencias a cuentas equivocadas, o fraudes por ingeniería social, los tribunales han analizado la conducta de los bancos en cuanto a la prevención, detección y respuesta a las ocurrencias.
En muchos fallos recientes, la Justicia ha entendido que, cuando el banco no demuestra haber adoptado medidas adecuadas de seguridad y prevención, puede ser responsabilizado por los perjuicios sufridos por el cliente», afirma Karina.
Además, la Resolución nº 4.893/2021 del Banco Central establece directrices de seguridad que las instituciones participantes en Pix deben seguir, incluyendo la posibilidad de bloqueo cautelar de valores en casos sospechosos. Sin embargo, todavía existen lagunas en la estandarización de prácticas y en la responsabilidad ante fraudes cada vez más sofisticados.
En el ámbito tributario, el uso masivo del Pix también ha atraído la atención de la Receita Federal, con discusiones sobre la trazabilidad de las operaciones y sus impactos fiscales, especialmente para pequeños emprendedores y autónomos. Ante esto, los especialistas alertan sobre la necesidad de una mayor educación financiera y digital para los usuarios, además del constante perfeccionamiento de las normas regulatorias y los sistemas de seguridad.
La responsabilidad es compartida, pero corresponde al sistema financiero garantizar medios eficaces de protección y recuperación de valores en casos de fraude. El consumidor, por su parte, debe estar atento a buenas prácticas y señales de estafa. Ese equilibrio es esencial para la confianza en el sistema», concluye la abogada.
Con el crecimiento continuo del Pix, el debate sobre responsabilidad jurídica se vuelve esencial para proteger los derechos de los consumidores y garantizar la integridad del ecosistema financiero brasileño. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones financieras, las empresas de tecnología y el poder público actúen de manera colaborativa en la creación de mecanismos de seguridad más robustos, en la educación de los usuarios y en la implementación de normas claras para la responsabilización en casos de fraudes. Só con un enfoque integrado será posible consolidar el Pix como una herramienta segura, eficiente y confiable para todos los brasileños.
