El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá, en un caso con repercusiones generales, si los mercados y las empresas que intermedian pagos pueden ser responsables de la recaudación del ICMS (impuesto estatal sobre las ventas) sobre las ventas realizadas por terceros cuando el vendedor no emite una factura o incumple sus obligaciones legales. Según la Secretaría de Hacienda del Estado de Río de Janeiro, esta medida podría generar hasta R$ 5 mil millones en ingresos adicionales al año para el estado. A pesar del potencial de una mayor recaudación fiscal en cada estado, la propuesta se ve con cautela, ya que podría imponer altos costos a las plataformas digitales, transfiriendo riesgos que originalmente recaerían sobre los vendedores y abriendo la puerta a que cada estado establezca sus propias reglas, generando inseguridad jurídica y obstaculizando la operación de las empresas a nivel nacional.
La falta de base legal para asignar esta responsabilidad demuestra que los Estados, incluso con pretextos justificables, han transferido sus obligaciones de supervisión a los contribuyentes. Esto repercute directamente en los costos de cumplimiento de las plataformas, especialmente porque muchas operan a nivel nacional o incluso global. «El problema se ha abordado de forma simplista desde una perspectiva regulatoria, con una clara transferencia de la carga de la supervisión a las plataformas de mercado que, en muchos casos, ni siquiera son contribuyentes del ICMS», afirma Felipe Wagner de Lima Dias, socio responsable del área fiscal del bufete Marcos Martins Advogados.
Según el experto, hay que prestar atención a los tres principales impactos potenciales de este movimiento:
- Desafíos legales y de cumplimiento: El Tribunal Supremo Federal (STF) debe determinar si la legislación estatal tiene fundamento para responsabilizar a los mercados. De avanzar en esta dirección, sería necesaria una norma nacional uniforme para evitar la inseguridad jurídica y costos desproporcionados. Como alternativa, se podrían exigir normas mínimas de cumplimiento, como ya ocurre en otras auditorías fiscales.
- Impactos en los modelos de negocio y la competitividad: Si bien no se espera que la decisión transforme por completo la economía del comercio electrónico, podría incrementar los costos y las tarifas que cobran las plataformas, que deberán invertir en mecanismos de control y endurecer las normas de registro y uso. Esto podría reducir el acceso al entorno digital para los pequeños y medianos vendedores, especialmente aquellos con operaciones menos estructuradas.
- Costo del cumplimiento normativo y agilidad del sector: Si surge responsabilidad, el equilibrio entre la recaudación de ingresos y la eficiencia debe provenir de la automatización y las soluciones tecnológicas. Las plataformas pueden invertir en sistemas de inteligencia artificial e integración de datos tributarios para supervisar facturas, validar registros y reducir el riesgo de responsabilidad. Sin este soporte tecnológico, existe el riesgo de una mayor burocracia y la pérdida de la flexibilidad que caracteriza al comercio electrónico.
La decisión del Tribunal Supremo podría marcar un hito en la regulación del comercio electrónico en Brasil. Si bien podría aportar mayor seguridad jurídica y uniformidad, también plantea inquietudes sobre el aumento de costos, las barreras de entrada para los vendedores y la mayor complejidad operativa para los mercados.
La función del marketplace siempre ha sido acercar a vendedores y compradores en un entorno digital. Si bien estos modelos han evolucionado para ofrecer servicios como envíos, métodos de pago e incluso herramientas fiscales, esto no los hace corresponsables de los impuestos de terceros, al igual que un centro comercial no es responsable de los impuestos de sus inquilinos, afirma Dias.
