La reciente condena de Google al pago de una indemnización superior a R$ 50 mil a un consumidor por problemas relacionados con un juego adquirido a través de Google Play genera una alerta para las empresas que intermedián servicios y productos digitales. La decisión judicial se basó en el hecho de que la desarrolladora del juego no tenía sede en Brasil, lo que impidió al consumidor buscar reparación directamente con la empresa responsable. Como resultado, la plataforma fue considerada parte de la cadena de consumo y responsabilizada por los perjuicios sufridos.Sin embargo, la decisión aún no es definitiva y está en fase de apelación, lo que significa que puede ser anulada o modificada.
Este caso evidencia un riesgo similar al que ocurre en el mercado de apuestas deportivas en Brasil, que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años. Muchas plataformas establecen asociaciones con operadoras extranjeras que no tienen representación en el país, lo que puede generar complicaciones jurídicas para los consumidores. Sin una empresa legalmente establecida en Brasil, los clientes pueden enfrentar dificultades para reclamar sus derechos, exponiéndose a un escenario de inseguridad jurídica similar al caso reciente que involucra a Google.
Esta decisión refuerza el papel crítico de las empresas que median productos y servicios digitales en la protección del consumidor. Basándose en el Código de Defensa del Consumidor, cuando una plataforma participa en la cadena de consumo, debe garantizar que sus socios tengan una estructura legal que asegure los derechos del cliente. La falta de esta seguridad puede resultar en pérdidas financieras y daños a la reputación de la propia empresa, explica.Priscila Condeli, Jefa de Operaciones Legales en DeltaAI.
