La reciente condena a Google al pago de una indemnización superior a R$ 50 mil a un consumidor por problemas relacionados con un juego adquirido a través de Google Play levanta una alerta para las empresas que intermedian servicios y productos digitales. La decisión judicial se fundamentó en el hecho de que la desarrolladora del juego no tenía sede en Brasil, qué impidió al consumidor de buscar reparación directamente con la empresa responsable. Como resultado, la plataforma fue considerada parte de la cadena de consumo y responsabilizada por los perjuicios sufridos.Sin embargo, la decisión aún no ha adquirido firmeza y está en fase de recurso, que puede ser anulada o modificada
Este caso evidencia un riesgo similar al que ocurre en el mercado de apuestas deportivas en Brasil, que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años. Muchas plataformas hacen alianzas con operadores extranjeros que no tienen representación en el país, lo que puede generar complicaciones jurídicas para los consumidores. Sin una empresa legalmente establecida en Brasil, los clientes pueden enfrentar dificultades para reclamar sus derechos, exponiéndose a un escenario de inseguridad jurídica similar al del caso reciente que involucra a Google
Esta decisión refuerza el papel crítico de las empresas que intermedian productos y servicios digitales en la protección del consumidor. Con base en el Código de Defensa del Consumidor, cuando una plataforma participa en la cadena de consumo, ella necesita garantizar que sus socios tengan una estructura legal que asegure los derechos del cliente. La falta de esta seguridad puede resultar en pérdidas financieras y daños a la reputación de la propia empresa, explicaPriscila Condeli, Jefe de Operaciones Legales en DeltaAI
