En medio de la intensa polarización política en Brasil y el crecimiento de canales de opinión en las redes sociales, el nombre del ministro Alexandre de Moraes volvió al centro de las discusiones tras rumores sobre posibles sanciones internacionales contra su actuación en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Las especulaciones cobraron fuerza tras la divulgación de que una supuesta carta del gobierno de Estados Unidos habría sido enviada al ministro, en tono de advertencia, sobre sus “abusos de autoridad”. El caso provocó reacciones exaltadas de comentaristas políticos e influenciadores, que empezaron a predecir bloqueos de bienes, cancelación de visas e incluso prisión, basándose en la llamada “Ley Magnitsky”.
Para el abogado Daniel Toledo, especialista en Derecho Internacional, doctor en Derecho Constitucional y fundador del despacho Toledo y Abogados Asociados, es necesaria cautela y conocimiento técnico al abordar el tema. “Muchos vídeos y publicaciones están propagando una serie de errores jurídicos. La Ley Magnitsky, por ejemplo, tiene objetivos muy específicos. Surgió en EE. UU. en 2012 para castigar a los involucrados en violaciones graves de derechos humanos y corrupción internacional. No se aplica de forma automática a ninguna autoridad extranjera”, alerta.
Toledo destaca que, incluso en los casos en que se imponen sanciones, como ocurrió con autoridades rusas durante la guerra en Ucrania, no hay vínculo directo con decisiones judiciales internas o con acciones políticas de un país soberano. “Es importante recordar que Estados Unidos no necesita la Ley Magnitsky para restringir visas o congelar activos. El gobierno estadounidense ya posee medios administrativos para ello. Y, hasta el momento, no hay ninguna prueba de que estas sanciones se estén aplicando a ministros del STF”, observa.
El papel de YouTube y el debate sobre la censura
Parte de la controversia también involucra decisiones del ministro Alexandre de Moraes relacionadas con la retirada de contenidos y perfiles en plataformas como YouTube y X (antes Twitter). La discusión se agravó después de que el empresario Elon Musk desafiara las determinaciones del STF, argumentando que su empresa no podía ser penalizada por cumplir con la legislación de Estados Unidos.
Para Toledo, las plataformas que operan comercialmente en Brasil deben obedecer la legislación brasileña. “Si una empresa extranjera actúa en territorio nacional, ofrece servicios y obtiene beneficios con publicidad dirigida a brasileños, está sujeta a las leyes locales. Esto incluye, por ejemplo, el Marco Civil de Internet y el Código de Defensa del Consumidor. Lo mismo aplica a las obligaciones tributarias, representación legal y responsabilidad por contenidos ilícitos alojados en sus dominios”, aclara.
Recuerda que, aunque las decisiones judiciales pueden ser discutidas y eventualmente revisadas, ignorarlas puede configurar desobediencia y generar medidas como bloqueos y sanciones económicas. “El enfrentamiento con Elon Musk, por ejemplo, no es sobre libertad de expresión, sino sobre jurisdicción. La Suprema Corte Federal entendió que la plataforma estaba siendo utilizada para difundir contenidos que violaban la legislación brasileña, y exigió medidas. Discutir la medida es legítimo. Ignorar completamente, no”, puntualiza.
Interpretaciones distorsionadas de la ley alimentan la desinformación
Toledo también critica la forma en que influenciadores han interpretado fragmentos de leyes estadounidenses y brasileñas para sostener teorías sobre el supuesto cerco internacional a Moraes. “Es común ver a personas sin formación jurídica tomando párrafos aislados y distorsionando el sentido original de las normas. La Ley Magnitsky, por ejemplo, no prevé sanciones automáticas. Requiere investigaciones, evidencias concretas y un proceso criterioso de aplicación”, analiza.
Observa que internet se ha convertido en un terreno fértil para el sensacionalismo. “Muchos canales están más preocupados en monetizar el engagement que en aclarar jurídicamente lo que está pasando. Con ello, inflaman a la población, generan expectativas irreales y contribuyen al descrédito de las instituciones”, afirma.
Un punto crítico, según Toledo, es que este escenario de desinformación termina provocando impactos concretos en la vida de la población. “Mucha gente empieza a creer que un ministro será preso por una carta de Estados Unidos. Otros creen que basta obtener la doble nacionalidad para no responder más a la Justicia brasileña. Son visiones completamente equivocadas que solo alimentan la inestabilidad”, destaca.
Aún recuerda que, en caso de un eventual proceso contra un ministro del STF en cortes internacionales, quien asume los costos de la defensa es el contribuyente. “Procesos de esta naturaleza cuestan caro. Despachos en EE. UU. cobran valores altísimos por hora. Si un ministro brasileño es procesado en el exterior por su actuación funcional, los costos serán cubiertos con recursos públicos. Es el ciudadano quien paga esa cuenta”, advierte.
Libertad de expresión no es anonimato
Finalmente, Toledo refuerza que la Constitución Brasileña garantiza la libertad de expresión, pero veda el anonimato. “Cualquier persona puede manifestarse libremente, incluso con críticas a las autoridades. Sin embargo, necesita identificarse y responder por sus declaraciones. Crear perfiles falsos o páginas anónimas para diseminar acusaciones sin pruebas no es libertad de expresión. Es cobardía y, muchas veces, delito”, concluye.
El abogado defiende que el debate sobre los límites del Poder Judicial y la libertad de prensa es legítimo, pero debe hacerse con responsabilidad. “Se necesita más educación jurídica y menos espectáculo. La verdad jurídica no cabe en titulares incendiarios. Requiere estudio, ponderación y compromiso con los hechos”, concluye.
