El anuncio de Meta, realizado este martes (7) por el CEO Mark Zuckerberg, dejó a usuarios, expertos e incluso gobiernos en estado de alerta. Esta cuestión es tan urgente que, en la mañana de hoy, el presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con ministros del gobierno para debatir sobre las nuevas directrices de la empresa. Ahora, el sistema de verificación de hechos (fact-checking) de las plataformas de redes sociales Instagram, Facebook y Threads será oficialmente descontinuado en Estados Unidos; y, a largo plazo, la medida también está prevista para aplicarse en otros países.
Según el CEO de Meta, el objetivo es reducir errores cometidos por el sistema, que eliminaba accidentalmente algunos perfiles y publicaciones, y velar por la libertad de expresión de los usuarios. En la práctica, la verificación de hechos no será totalmente excluida, pero se adoptará el modelo “notas de la comunidad”, similar al utilizado por X, en el que los propios usuarios colocan observaciones en las publicaciones. Para el gobierno federal, esta nueva política preocupa, porque va en contra de la soberanía de los países; Lula llegó a declarar que la comunicación digital debe tener la misma responsabilidad que otros medios, como la prensa.
Uno de los mayores desafíos legales y éticos relacionados con las alteraciones en la política de Meta es la posible libertad para discutir temas de carácter discriminatorio, como género y raza, que son pasibles de constituir delito en el país. Además de la reunión de hoy, el Ministerio Público Federal (MPF) también ya exigió explicaciones de la empresa, que también es dueña de Whatsapp, para evaluar el impacto de estos cambios en Brasil. Para el CEO de Silva Lopes Abogados y especialista en Derecho en el área empresarial, Layon Lopes, la cuestión es compleja, y puede tener consecuencias jurídicas y económicas no solamente para Brasil, sino de orden global.
– Cuando una gran empresa de tecnología altera sus políticas, los efectos generalmente van más allá de las fronteras nacionales. En Brasil, el desafío está en conciliar la libertad de expresión con el respeto a las leyes locales, que buscan proteger derechos fundamentales, como la dignidad y la no discriminación. Esta situación demanda atención cuidadosa y una colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad, comenta Lopes.
Además, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, también comentó sobre las alteraciones, y afirmó que las redes sociales podrán continuar operando caso respeten las leyes vigentes en el territorio brasileño. Vale recordar que el inicio del segundo semestre de 2024 estuvo marcado por el enfrentamiento entre el STF y la plataforma X, que culminó en el bloqueo de la red social después del incumplimiento de legislaciones brasileñas.