¿Cómo prevenir el lavado de dinero en tiempos de Apuestas y Criptos?

Con cada noticia sobre una estafa que involucra criptomonedas o un nuevo escándalo que involucra a celebridades asociadas a empresas de apuestas deportivas, las populares Bets, la sensación que uno tiene es que el submundo criminal está muchos pasos por delante del mundo civilizado en sus estrategias para transformar recursos obtenidos ilegalmente en activos que parecen legítimos, conocido como lavado de dinero.

Al fin y al cabo, dado el clamor del mundo empresarial por innovaciones que conduzcan al surgimiento y difusión de mecanismos como las criptomonedas y el clamor popular por la posibilidad de combinar lo útil (ganar dinero) con lo placentero (confiar en tu equipo favorito) en las apuestas, ¿cómo podemos monitorear la ocurrencia de miles de transacciones cada minuto para evitar que toda esa buena voluntad se utilice para financiar actividades delictivas y terrorismo, por ejemplo?

En Brasil, la Ley n.º 9.613 de 1998, conocida como Ley de Blanqueo de Capitales, es el marco legal que tipifica el delito y establece severas sanciones para los implicados. También creó el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), responsable de recibir denuncias de transacciones sospechosas y generar inteligencia financiera para combatir este tipo de delito.

A su vez, el Banco Central colabora directamente con el Sistema Brasileño de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PLD/FT). Regula las normas que rigen la implementación de políticas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de las instituciones financieras, supervisando y velando por su cumplimiento, y aplicando sanciones administrativas cuando sea necesario. Además, el Banco Central mantiene el Registro Nacional de Clientes del Sistema Financiero (CCS) y reporta actividades sospechosas al COAF (Comisión de Control Financiero) y al Ministerio Público.

Pero en la práctica, la tecnología es clave para prevenir el lavado de dinero. Las herramientas avanzadas de análisis de datos permiten a las instituciones financieras detectar patrones de actividad sospechosa e identificar posibles casos. Se recomienda la implementación e integración de software especializado para mejorar la eficiencia de la detección y fortalecer los procesos de cumplimiento normativo y auditoría interna.

Uno de los requisitos fundamentales en este sentido es que las instituciones financieras conozcan a fondo a sus clientes. Esto implica identificar plenamente a todas las partes involucradas en las transacciones financieras, tanto personas físicas como jurídicas. El proceso KYC no se limita a la recopilación de documentos; también incluye la verificación del origen de los fondos y el análisis continuo de las transacciones para identificar comportamientos sospechosos.

Preocupada con el tema, Febraban realizará la 14ª edición del evento entre el 15 y 16 de octubre, en São Paulo. Congreso de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (PLDFT), considerado el mayor evento sobre el tema en Brasil. No es casualidad que el tema central de este año sea "Un Enfoque Integrado en las Áreas de Control".

El programa permitirá reflexionar sobre temas sensibles y estratégicos no sólo para los bancos, sino para toda la sociedad que termina, de una u otra manera, siendo amenazada por esta práctica.

Algunos temas ya definidos son, por ejemplo: “Retos en la interacción de las Unidades de Inteligencia Financiera”, “Acciones estratégicas para combatir y prevenir actividades ilícitas”, “Uso de inteligencia artificial en PLDFT”, “Apuestas deportivas y sus impactos” y “Delitos socioambientales – trabajo esclavo, lavado de activos y delitos de corrupción”. 

Como lo demuestra la amplitud de los debates, resulta completamente utópico imaginar que una nueva ley o una nueva solución tecnológica por sí solas serán capaces de afrontar el desafío.

En este escenario, compartir información y tecnologías integradas es la única manera de fortalecer la lucha contra los delitos financieros y mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.