El nuevo Código de Defensa del Consumidor de Paraná presenta obligaciones más actuales y amplias, además de modernizar la relación transparente y justa entre empresas y consumidores, ya establecida por el CDC nacional desde 1990. Esta es la evaluación de la abogada Larissa Nishimura, especialista en el tema, miembro de la Oficina Batistute Abogados. El documento es el tercero creado por un estado, después de Pernambuco, que tuvo la iniciativa en 2019, y São Paulo (2023). Según la especialista, el nuevo documento presenta previsiones que corresponden a cuestiones de actualidad y, entre los 323 artículos, reúne reglas específicas de varias leyes estatales en un solo archivo.
El código aborda cuestiones que hace más de 30 años no eran problematizadas. Entre ellas, la obligación de notificar a un deudor sobre su inclusión en órganos de protección al crédito. O, también, situaciones relacionadas con préstamos financieros a personas mayores, ya que existen muchas estafas dirigidas a este público», afirma Larissa. Según la abogada, el documento, sancionado en septiembre de 2024 y en vigor desde marzo de 2025, prevé que el nombre de un moroso solo puede ser llevado a los órganos de protección al crédito después de 30 días de la morosidad, avisando al deudor con un mínimo de cinco días de antelación.
Además, quien realice un préstamo a un anciano, pensionista o jubilado, solo podrá hacerlo mediante firma física del contrato, con presentación de documento de identidad, o firma electrónica simple. Esta previsión es para evitar las muchas estafas de personas que utilizan autorizaciones por teléfono, aplicación, fotografía o grabación de voz. Es una forma de proteger a este público, más vulnerable y susceptible a estos delitos, afirma la abogada. Otra medida que también puede beneficiar a este público es la obligatoriedad de disponibilizar envases con un mínimo de 30 comprimidos para quienes hacen uso de medicamentos continuos.
"El código también establece una forma de frenar las famosas maquillajes que hacen los revendedores de vehículos usados", explica Larissa. Es que, a partir de ahora, las concesionarias y revendedoras deben informar por escrito, antes de la venta de un coche, si el vehículo ha tenido problemas de colisión, inundación, ha pasado por una subasta o recall, entre otras incidencias. Así como las instituciones financieras deben informar el monto total de un cobro por prestación de servicios tarifados, ya sea a través de cajero automático, teléfono o internet. De esta manera, en ambos los casos, el consumidor tiene la posibilidad de elegir comprar o contratar el servicio.
Además de estas inclusiones inéditas, el Código de Defensa del Consumidor de Paraná establece reglas contra el sobreendeudamiento, fin de llamadas automáticas no deseadas, promociones con precios anteriores visibles, traducciones obligatorias en publicidad con palabras extranjeras, derecho a un menú físico y formas claras de pago en bares y restaurantes, entre otros. Son medidas que buscan actualizar y contemplar elementos de la realidad y del día a día de hoy.
