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Los cambios en el sistema de verificación de datos de Meta deberían repercutir en el STF

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Instagram, Threads y Facebook, ha anunciado el fin de su programa de verificación de datos en Estados Unidos, que será reemplazado por un sistema de “Community Ratings”.

Con esto, y de manera similar a la plataforma X de Elon Musk, las grandes tecnológicas asignan la responsabilidad de verificar el contenido a los usuarios, quienes deben evaluar las publicaciones, marcar la información falsa y hacer correcciones.

El cambio en el protocolo de verificación, que desde 2006 era realizado por agencias profesionales, fue justificado por la empresa en un comunicado oficial, este martes (7).

Según Patricia Peck, CEO de Peck Advogados, referencia en Derecho Digital desde hace 20 años en Brasil, el “regreso a las raíces” propugnado por Mark Zuckenberg no puede estar exento de cualquier responsabilidad.

“Además de demostrar alineación con la nueva administración estadounidense, la declaración presentada por Zuckenberg deja claro que ese mismo entendimiento debe reflejarse en otros países. “Hay que tener cuidado de evitar que presiones políticas contravengan las leyes vigentes y comprometan la soberanía de otros Estados”, afirma.

En Brasil, por ejemplo, existe una previsión constitucional del derecho a la libertad de expresión, pero que debe estar armonizada con otros, como la soberanía nacional, la privacidad y la responsabilidad civil y penal por posibles excesos. En ese sentido, Peck señala los riesgos de una mayor polarización y difusión de contenidos prejuiciosos y criminales.

“Además, existe el riesgo de que las notas comunitarias se utilicen artificialmente para beneficiar o perjudicar cualquier posicionamiento político, ideológico o de otro tipo”, explica.

Con el regreso del juicio sobre el Marco de Derechos Civiles para Internet, previsto para el primer semestre de 2025, el tema podrá ser discutido por los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por regla general, las empresas deben cumplir las leyes brasileñas vigentes y las órdenes judiciales, independientemente del modelo adoptado por las corporaciones en sus países de origen. “Si consideramos que hay un gran volumen de eliminaciones que ya no se eliminarán de forma proactiva de las redes, tendemos a ver un aumento en las demandas por eliminación de contenido”, concluye Peck.

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