Las empresas brasileñas que tienen sede o capital abierto en Estados Unidos están sujetas a una doble regulación, tanto por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) en Brasil como por los organismos reguladores estadounidenses, como, por ejemplo, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Según el Instituto Empresa, entidad de defensa de los inversores minoritarios, esa superposición regulatoria, aunque representa desafíos de cumplimiento, ofrece una protección adicional a los inversores brasileños
El reciente caso de Avenue Securities ilustra esta realidad. La corredora fue multada en US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,77 millones) por la FINRA debido a prácticas de publicidad engañosa dirigidas a inversores brasileños. Entre 2020 y 2023, influenciadores pagados por Avenue divulgaron inversiones sin aclarar los riesgos reales involucrados. Algunos contenidos promovían productos financieros con promesas irreales de retorno garantizado, mientras otros sugerían que determinados activos eran libres de costos, omitiendo información sobre tasas adicionales. La investigación también reveló fallas en la supervisión de la corredora sobre la comunicación realizada por esos influenciadores, incumpliendo normas de transparencia del mercado financiero
"La actuación de organismos reguladores extranjeros en casos que afectan a inversores brasileños representa una capa extra de protección". Mientras que en Brasil la fiscalización puede ser limitada, en los Estados Unidos, están sujetas a estrictos estándares de cumplimiento, recuerda Eduardo Silva, presidente del Instituto Empresa
Señala que el sistema dedemanda colectivanorteamericano también se destaca como un mecanismo más eficiente para inversores que buscan reparación por eventuales daños. Diferente de los procesos judiciales individuales o arbitrajes en Brasil, que pueden ser largos y costosos, la acción colectiva permite que múltiples inversores sean representados en un único proceso, aumentando las posibilidades de reembolso y garantizando mayor poder de negociación frente a las empresas infractoras
En contramano, Silva alerta sobre el riesgo del Proyecto de Ley n. 2925, de 2023, que consta como una de las prioridades del Ministerio de Hacienda para el año en curso. "Con su aprobación, sería mucho más seguro para el inversor comprar papeles en el extranjero y no en Brasil. A título de "defender a los minoritarios" el proyecto dificulta, en la práctica, con el ejercicio de demandas y exime a las compañías de responsabilidades tras la emisión en papel. "Si estuviera vigente", IRB y Americanas, por ejemplo, estarían blindadas
Además de Avenue Securities, otros casos demuestran la importancia de la aplicación de la regulación norteamericana para empresas brasileñas. En 2018, la SEC multó a Petrobras en US$ 853 millones por soborno y corrupción, garantizando indemnizaciones a inversores extranjeros afectados por el escándalo de Lava Jato. "Paradoxalmente, un brasileño que adquirió papel en EE. UU., fue indemnizado, por acuerdo. Quien compró en la B3 amarga la resistencia y alta combatividad de Petrobras en arbitrajes aún en curso, afirma Silva
Más recientemente, a StoneCo, fintech brasileña cotizada en Nasdaq, fue objeto de investigaciones debido a fallas en la divulgación de riesgos operacionales, reforzando la importancia de la transparencia exigida por las normas de EE. UU.
Varias compañías brasileñas ya han enfrentado acciones colectivas en EE. UU.. Entre ellas, está Braskem, que sufrió un proceso colectivo en EE. UU. por alegaciones de información engañosa sobre sus controles internos y prácticas contables. Vale también fue objeto de una demanda colectiva tras el colapso de la represa de Brumadinho, en 2019, resultando en procesos iniciados por inversores que alegaron pérdidas debido a la falta de transparencia de la empresa sobre riesgos ambientales y operacionales. Otra fue Eletrobras ante las alegaciones de prácticas corruptas y divulgación inadecuada de información financiera. Inversores que adquirieron ADRs de la empresa buscaron compensación por pérdidas atribuidas a estas prácticas. Gerdau y Bradesco también fueron acusados en la justicia americana de estar involucrados en prácticas corruptas y divulgación inadecuada de información
La regulación dual impuesta a empresas brasileñas con presencia en Estados Unidos no solo refuerza el compromiso con la transparencia y las buenas prácticas, sino también beneficia a los inversores brasileños que, muchas veces, enfrentan dificultades para obtener reparación por daños en el escenario jurídico nacional. Con un entorno regulatorio más riguroso y un sistema judicial más ágil, el inversor brasileño puede contar con más garantías y mayor seguridad en sus inversiones, observa
