Las empresas brasileñas que tienen sede o capital abierto en Estados Unidos están sujetas a una doble regulación, tanto por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) en Brasil como por los organismos reguladores estadounidenses, como, por ejemplo, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Según el Instituto Empresa, entidad de defensa de los inversores minoritarios, esa superposición regulatoria, aunque representa desafíos de cumplimiento, ofrece una protección adicional a los inversores brasileños.
El caso reciente de Avenue Securities ilustra esta realidad. La corredora fue multada con 300 mil dólares (aproximadamente 1,77 millones de reales) por la FINRA debido a prácticas de propaganda engañosa dirigidas a inversores brasileños. Entre 2020 y 2023, influencers pagados por Avenue divulgaron inversiones sin aclarar los riesgos reales involucrados. Algunos contenidos promovían productos financieros con promesas irreales de retorno garantizado, mientras que otros sugerían que ciertos activos estaban libres de costos, omitiendo información sobre tarifas adicionales. La investigación también reveló fallas en la supervisión de la corredora sobre la comunicación realizada por estos influenciadores, incumpliendo las normas de transparencia del mercado financiero
“La acción de los organismos reguladores extranjeros en casos que afectan a los inversores brasileños representa una capa adicional de protección. “Mientras que en Brasil las inspecciones pueden ser limitadas, en Estados Unidos están sujetas a estrictos estándares de cumplimiento”, recuerda Eduardo Silva, presidente del Instituto Empresa.
Señala que el sistema dedemanda colectivanorteamericano también se destaca como un mecanismo más eficiente para inversores que buscan reparación por eventuales daños. A diferencia de los procesos judiciales individuales o arbitrajes en Brasil, que pueden ser largos y costosos, la acción colectiva permite que múltiples inversores sean representados en un solo proceso, aumentando las posibilidades de reembolso y garantizando mayor poder de negociación frente a las empresas infractoras.
En sentido contrario, Silva advierte sobre el riesgo del Proyecto de Ley n. 2925, de 2023, que consta como una de las prioridades del Ministerio de Hacienda para el año en curso. "Con su aprobación, sería mucho más seguro para el inversor comprar papeles en el extranjero y no en Brasil". En nombre de "defender a los minoritarios", el proyecto dificulta, en la práctica, el ejercicio de demandas y exime a las empresas de responsabilidades después de la emisión en papel. "Si estuviera vigente, IRB y Americanas, por ejemplo, estarían blindadas".
Además de Avenue Securities, otros casos demuestran la importancia de la aplicación de la regulación estadounidense para empresas brasileñas. En 2018, la SEC multó a Petrobras con 853 millones de dólares por soborno y corrupción, garantizando indemnizaciones a inversores extranjeros afectados por el escándalo de Lava Jato. "Paradójicamente, un brasileño que adquirió acciones en EE. UU. fue indemnizado, por acuerdo. Quien compró en la B3 enfrenta la resistencia y alta combatividad de Petrobras en arbitrajes aún en curso", afirma Silva.
Más recientemente, StoneCo, una fintech brasileña que cotiza en el Nasdaq, fue objeto de investigaciones debido a fallas en la divulgación de riesgos operativos, lo que refuerza la importancia de la transparencia exigida por las regulaciones estadounidenses.
Varias compañías brasileñas ya han enfrentado demandas colectivas en los EE.UU. Entre ellas, está Braskem, que enfrentó un proceso colectivo en EE. UU. por alegaciones de información engañosa sobre sus controles internos y prácticas contables. A Vale también fue objeto de una demanda colectiva tras la ruptura de la presa de Brumadinho en 2019, resultando en procesos iniciados por inversores que alegaron pérdidas debido a la falta de transparencia de la empresa sobre riesgos ambientales y operativos. Otra fue la Eletrobras ante las alegaciones de prácticas corruptas y divulgación inadecuada de información financiera. Inversionistas que adquirieron ADRs de la empresa buscaron compensación por pérdidas atribuibles a esas prácticas. Gerdau y Bradesco también fueron acusados en la justicia estadounidense de participación en prácticas corruptas y divulgación inadecuada de información.
“La doble regulación impuesta a las empresas brasileñas con presencia en Estados Unidos no solo refuerza el compromiso con la transparencia y las buenas prácticas, sino que también beneficia a los inversores brasileños que muchas veces enfrentan dificultades para obtener indemnización por daños en el escenario jurídico nacional. “Con un entorno regulatorio más riguroso y un sistema judicial más ágil, los inversores brasileños pueden contar con más garantías y mayor seguridad en sus inversiones”, observa.
