Decisión del STF sobre responsabilidad en plataformas digitales podría afectar a 144 millones de usuarios y miles de negocios

El avance de propuestas que amplían la responsabilidad civil de las plataformas digitales en Brasil ha reavivado el debate sobre los límites entre moderación de contenidos y censura. La Corte Suprema decidió, el 26 de junio, por 8 votos contra 3, que las plataformas que operan redes sociales deben ser consideradas directamente responsables de las publicaciones ilegales realizadas por sus usuarios. En respuesta, Google admitió públicamente que puede reducir su desempeño en el país si el STF rige la moderación “de manera drástica”, afirmación que ha encendido la alerta en el mercado digital. 

Con 144 millones de brasileños activos en las redes sociales, según la plataforma DataReportal, cualquier cambio en este escenario afecta directamente la rutina de los pequeños anunciantes, creadores de contenidos y startups que utilizan las plataformas para marketing, ventas y adquisición de clientes. El impacto va más allá de la libertad de expresión, el fin del artículo 19 del Marco Civil da Internet puede abrir la puerta a un régimen de censura preventiva e incentivos para la eliminación excesiva de contenidos, los llamados efecto escalofriante. Para las empresas digitales, esto representa inseguridad jurídica y riesgo de retractación de los principales actores, como ya señala Google.

En la evaluación de Lucas Mantovani, cofundador de SAFIE Empresa de referencia en soluciones jurídicas para empresas tecnológicas, startups y negocios digitales, y especialista en gobernanza jurídica de startups y protección de datos, la responsabilidad previa de las plataformas puede comprometer principios fundamentales en las redes. “La responsabilidad de las plataformas ante una decisión judicial compromete principios fundamentales como la neutralidad de la red y el debido proceso legal. Esto transfiere al sector privado el poder y el miedo de decidir qué puede o no permanecer en línea”, analiza. “Existen alternativas más efectivas, como fortalecer los mecanismos de notificación y retiro con una rápida supervisión judicial, ya adoptados en democracias consolidadas”, añade.

Con el mercado global de tecnología legal superando los 26 mil millones de dólares, según el informe Legal Tech Market Global, el experto señala que Brasil necesita garantizar seguridad jurídica y previsibilidad para seguir atrayendo innovación e inversiones en el ecosistema digital.“Sin un entorno regulatorio estable y consistente con los principios democráticos, Brasil corre el riesgo de alienar a los inversores e inhibir el desarrollo de soluciones tecnológicas locales. La previsibilidad jurídica es lo que permite a las startups innovar de forma segura y que el ecosistema digital siga generando valor para la economía y la sociedad”, afirma La de Lucas Mantovani.