El Instituto Brasileño de Protección al Consumidor (Idec) considera inaceptable la decisión del Banco Central de no regular las operaciones crediticias vinculadas a Pix, conocidas popularmente como "Pix Parcelado". La decisión de abandonar la creación de normas y permitir que cada institución opere a su antojo crea un entorno de desorden regulatorio que tiende a amplificar los abusos, confundir a los consumidores y profundizar el sobreendeudamiento en el país.
Aunque el Banco Central decidió vetar el uso de la marca “Pix Parcelado”, permitiendo a las instituciones adoptar variaciones como “parcelas no Pix” o “crédito vía Pix”, el cambio de nomenclatura no elimina el riesgo central: el consumidor seguirá expuesto a productos crediticios altamente heterogéneos, sin ningún estándar mínimo de transparencia, sin salvaguardas obligatorias y sin previsibilidad en cuanto a tasas de interés, cargos, suministro de información o procedimientos de cobro.
Al evadir la complejidad regulatoria, el Banco Central deja claro que ha optado por no afrontar un problema ya existente. En lugar de establecer normas para proteger a millones de brasileños, transfiere la responsabilidad al "libre mercado", dejando a las familias desprotegidas en un escenario donde los bancos y las fintechs tienen total libertad para definir condiciones, formatos y costos, incluidos los más abusivos.
Esta decisión es especialmente grave en un país donde el sobreendeudamiento ya ha alcanzado niveles alarmantes. El tipo de crédito vinculado a Pix, precisamente por estar presente en el momento del pago y asociado a la marca más confiable del sistema financiero brasileño, genera riesgos únicos: contratación impulsiva, confusión entre pago y crédito, poca o ninguna comprensión de los cargos y las consecuencias del impago. Sin estándares ni supervisión, el riesgo de caer en trampas financieras crece exponencialmente.
Idec advierte que Brasil se encamina hacia un escenario en el que un mismo producto funcionará de forma completamente distinta en cada banco, con sus propias reglas, contratos distintos, diversas formas de cobro y distintos niveles de protección. Esta fragmentación compromete la transparencia, dificulta la comparación, impide el control social y hace casi imposible que el consumidor sepa, de hecho, qué está contratando.
Es inaceptable que, ante un problema que afecta directamente a millones de personas, el organismo regulador eluda su responsabilidad. No basta con supervisar el desarrollo de soluciones; es necesario regularlas, supervisarlas y garantizar estándares mínimos de seguridad financiera. Abandonar esto es abandonar al consumidor.
Pix se creó como una política pública para democratizar los pagos. Transformarlo en una puerta de entrada para crédito no regulado, sin abordar los riesgos ni proteger a quienes más lo necesitan, pone en peligro este logro. Idec seguirá trabajando para exigir estandarización, seguridad y transparencia.
