El anuncio de Meta, realizado este martes (7) por el CEO Mark Zuckerberg, dejó a usuarios, especialistas e incluso gobiernos en estado de alerta. Esta cuestión es tan urgente que, en la mañana de hoy, el presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con ministros del gobierno para debatir sobre las nuevas directrices de la empresa. Ahora, el sistema de verificación de hechos (verificación de hechos)Las plataformas de redes sociales Instagram, Facebook y Threads serán oficialmente descontinuadas en Estados Unidos; y, a largo plazo, también se prevé que esta medida se aplique en otros países.
Según el CEO de Meta, el objetivo es reducir los errores cometidos por el sistema, que eliminaba accidentalmente algunos perfiles y publicaciones, y valorar la libertad de expresión de los usuarios. En la práctica, la verificación de hechos no será completamente eliminada, sino que se adoptará el modelo de "notas de la comunidad", similar al utilizado por X, en el que los propios usuarios hacen observaciones en las publicaciones. Para el gobierno federal, esta nueva política preocupa, porque va en contra de la soberanía de los países; Lula llegó a declarar que la comunicación digital debe tener la misma responsabilidad que otros medios, como la prensa.
Uno de los mayores desafíos legales y éticos relacionados con los cambios en la política de Meta es la posible libertad para discutir temas de carácter discriminatorio, como género y raza, que son susceptibles de ser considerados delitos en el país. Además de la reunión de hoy, la Fiscalía Federal (MPF) también ha exigido explicaciones a la empresa, que también es dueña de WhatsApp, para evaluar el impacto de estos cambios en Brasil. Para el CEO de Silva Lopes Advogados y especialista en Derecho en el área empresarial, Layon Lopes, la cuestión es compleja y puede tener consecuencias jurídicas y económicas no solo para Brasil, sino de carácter global.
– Cuando una gran empresa de tecnología cambia sus políticas, los efectos generalmente van más allá de las fronteras nacionales. En Brasil, el desafío consiste en conciliar la libertad de expresión con el respeto a las leyes locales, que buscan proteger derechos fundamentales, como la dignidad y la no discriminación. Esta situación requiere atención cuidadosa y una colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad, comenta Lopes.
Además, el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, también comentó sobre los cambios y afirmó que las redes sociales podrán seguir operando siempre que respeten las leyes vigentes en el territorio brasileño. Es importante recordar que el inicio del segundo semestre de 2024 estuvo marcado por el enfrentamiento entre el STF y la plataforma X, que culminó en el bloqueo de la red social tras el incumplimiento de legislaciones brasileñas.