En medio de la intensa polarización política en Brasil y el crecimiento de canales de opinión en las redes sociales, el nombre del ministro Alexandre de Moraes volvió a estar en el centro de las discusiones tras rumores sobre posibles sanciones internacionales contra su actuación en la Corte Suprema Federal (STF).
Las especulaciones ganaron fuerza después de que se divulgara que una supuesta carta del gobierno de los Estados Unidos habría sido enviada al ministro, en tono de advertencia, sobre sus "abusos de autoridad". El caso provocó reacciones exaltadas de comentaristas políticos e influencers, que comenzaron a prever bloqueos de bienes, cancelación de visas e incluso prisión, basándose en la llamada "Ley Magnitsky".
Para el abogadoDaniel Toledo, especialista en Derecho Internacional, doctor en derecho Constitucional y fundador del despachoToledo y Abogados Asociados, es necesario precaución y conocimiento técnico al abordar el tema. Muchos videos y publicaciones están propagando una serie de errores jurídicos. La Ley Magnitsky, por ejemplo, tiene objetivos muy específicos. Surgió en EE.UU. en 2012 para castigar a los involucrados en violaciones graves de derechos humanos y corrupción internacional. No se aplica automáticamente a cualquier autoridad extranjera, advierte.
Toledo destaca que, incluso en los casos en que se imponen sanciones, como ocurrió con las autoridades de Rusia durante la guerra en Ucrania, no hay vínculo directo con decisiones judiciales internas o con acciones políticas de un país soberano. Es importante recordar que Estados Unidos no necesitan la Ley Magnitsky para restringir visas o congelar activos. El gobierno estadounidense ya cuenta con medios administrativos para ello. Y, hasta ahora, no hay ninguna prueba de que estas sanciones estén siendo aplicadas a ministros del STF, señala.
El papel de YouTube y el debate sobre la censura
Parte de la controversia también involucra decisiones del ministro Alexandre de Moraes relacionadas con la eliminación de contenidos y perfiles en plataformas como YouTube y X (antes Twitter). La discusión se agravó después de que el empresario Elon Musk desafió las determinaciones de la Corte Suprema, argumentando que su empresa no podría ser sancionada por cumplir con la legislación de los Estados Unidos.
Para Toledo, las plataformas que operan comercialmente en Brasil deben cumplir con la legislación brasileña. “Si una empresa extranjera opera en territorio nacional, ofrece servicios y obtiene beneficios con publicidad dirigida a brasileños, está sujeta a las leyes locales. Esto incluye, por ejemplo, el Marco Civil de Internet y el Código de Defensa del Consumidor. Lo mismo aplica para obligaciones tributarias, representación legal y responsabilidad por contenidos ilícitos alojados en sus dominios”, aclara.
É importante recordar que, embora as decisões judiciais possam ser discutidas e eventualmente revistas, ignorá-las pode configurar desobediencia e gerar medidas como bloqueios e sanções econômicas. El estancamiento con Elon Musk, por ejemplo, no se trata de libertad de expresión, sino de jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia entendió que la plataforma estaba siendo utilizada para difundir contenidos que violaban la legislación brasileña, y exigió medidas. Discutir la medida es legítimo. Ignorar completamente, no, señala.
Interpretaciones distorsionadas de la ley alimentan la desinformación
Toledo también critica la forma en que los influenciadores han interpretado fragmentos de leyes estadounidenses y brasileñas para respaldar teorías sobre el supuesto cerco internacional a Moraes. Es común ver personas sin formación jurídica tomando párrafos aislados y distorsionando el sentido original de las normas. La Ley Magnitsky, por ejemplo, no prevé sanciones automáticas. Ella exige investigaciones, evidencias concretas y un proceso riguroso de aplicación, analiza.
Él observa que internet se convirtió en un terreno fértil para el sensacionalismo. "Muchos canales están más preocupados en monetizar el compromiso que en aclarar jurídicamente lo que está sucediendo. Con ello, inflaman a la población, generan expectativas irreales y contribuyen a la desconfianza en las instituciones", afirma.
Un punto crítico, según Toledo, es que este escenario de desinformación termina provocando impactos concretos en la vida de la población. Muchísima gente empieza a creer que un ministro será arrestado por una carta de Estados Unidos. Otros piensan que basta con obtener doble ciudadanía para no responder más ante la Justicia brasileña. Son visiones completamente equivocadas que solo alimentan la inestabilidad, destaca.
Él todavía recuerda que, en casos de un eventual proceso contra un ministro del STF en cortes internacionales, quien asume los costos de la defensa es el contribuyente. "Procesos de esta naturaleza son costosos. Los despachos en EE. UU. cobran tarifas altísimas por hora. Si un ministro brasileño es procesado en el extranjero por su actuación funcional, los costos serán cubiertos con recursos públicos. Es el ciudadano quien paga esa cuenta", advierte.
La libertad de expresión no es anonimato
Por último, Toledo refuerza que la Constitución Brasileña garantiza la libertad de expresión, pero prohíbe el anonimato. “Cualquier persona puede manifestarse libremente, incluso con críticas a las autoridades. Sin embargo, debe identificarse y responder por sus declaraciones. Crear perfiles falsos o páginas anónimas para difundir acusaciones sin pruebas no es libertad de expresión. Es cobardía y, muchas veces, un delito”, concluye.
El abogado sostiene que el debate sobre los límites del Poder Judicial y la libertad de prensa es legítimo, pero debe hacerse con responsabilidad. "Se necesita más educación jurídica y menos espectáculo. La verdad jurídica no cabe en titulares inflamados. Ella exige estudio, ponderación y compromiso con los hechos", finaliza.
