Una acción promovida por empresas vinculadas a Donald Trump y a la plataforma Rumble, contra el ministro Alexandre de Moraes, ha generado intensos debates jurídicos. El proceso, dirigido por el abogado Martin De Luca, plantea cuestionamientos sobre la validez de las decisiones del magistrado brasileño en el extranjero. Sin embargo, la fundamentación jurídica utilizada en la acción presenta fallas que pueden comprometer el curso del caso en los tribunales estadounidenses.
ADaniel Toledo, abogado en el área de Derecho Internacional, fundador deToledo y Asociados, bufete de abogados internacional con oficinas en Brasil y Estados Unidos, uno de los principales problemas de la acción radica en la base legal adoptada para cuestionar la jurisdicción de Moraes en los EE. UU. "El abogado responsable del proceso citó como referencia un tratado firmado entre Brasil y Estados Unidos en 2001. Ocurre que ese tratado fue reemplazado en 2006 y actualizado en 2015. Este error puede comprometer la credibilidad del proceso desde el principio", revela.
Citación por correo electrónico y validez del trámite
Otro punto central del proceso es la alegación de que la notificación a las empresas involucradas no habría sido válida, ya que se realizó por correo electrónico. De Luca sostiene que, en los Estados Unidos, este tipo de citación no sería aceptada legalmente. Sin embargo, Toledo destaca que la legislación estadounidense prevé la posibilidad de citación por medios electrónicos en ciertos casos, siempre que cumplan con los requisitos procesales.
“La normativa más reciente en materia de cooperación jurídica internacional permite la tramitación electrónica de las solicitudes e incluso la citación por correo electrónico, siempre que se envíe a la dirección de correo electrónico registrada del interesado. Por lo tanto, es poco probable que este argumento sea suficiente para invalidar la cita. Además, Rumble enumera este correo electrónico como un contacto oficial para asuntos legales, lo que debilita aún más el argumento de que la citación fue irregular”, afirma.
Convenio de La Haya y el principio de territorialidad
La acción también menciona la Convención de La Haya para reforzar el argumento de que la citación no habría sido válida, pero Toledo señala que Brasil hizo reservas a artículos de ese tratado, haciendo que algunas exigencias sean inaplicables al país. "Los tribunales estadounidenses pueden entender que la citación siguió los trámites permitidos por la legislación vigente, haciendo improbable la anulación del acto procesal", afirma.
Además, hay otro factor que puede dificultar el avance del proceso: la territorialidad. Aunque se argumente en contra de las decisiones de Alexandre de Moraes, los tribunales de EE. UU. pueden considerar que esa es una cuestión interna de Brasil y que no corresponde la intervención de la justicia estadounidense. "Las cortes de EE. UU. simplemente pueden entender que este es un asunto de soberanía nacional, lo que limita la capacidad del proceso de seguir adelante", añade.
Ante este escenario, el especialista en Derecho Internacional cree que la acción tiene más potencial para generar repercusión política que efectos prácticos en el sistema judicial estadounidense. Desde el punto de vista legal, las posibilidades de un resultado significativo son pequeñas. Sin embargo, el proceso puede ser utilizado como una herramienta de presión y narrativa política, alimentando un discurso en contra de las decisiones tomadas en Brasil, concluye.
