Los profesionales liberales representan un segmento esencial de la economía brasileña, reuniendo especialistas como médicos, abogados, ingenieros, dentistas, arquitectos, psicólogos, contadores, entre otros. En 2024, Brasil registró aproximadamente 25,7 millones de profesionales autónomos, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), una cifra que representa un récord histórico. La actuación de estos profesionales va más allá de la prestación de servicios calificados: implica autonomía técnica, responsabilidad ética y desafíos legales específicos que requieren atención y regulación adecuadas.
A diferencia de los trabajadores contratados bajo el régimen de la Consolidación de las Leyes del Trabajo(CLT), los profesionales liberales ejercen su actividad con independencia, basados en su formación técnica y científica. Sin embargo, esa autonomía viene acompañada de una serie de obligaciones legales y responsabilidades civiles. La actuación del profesional liberal está regida por legislaciones específicas y normas de conducta establecidas por consejos de clase, como la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), el Conselho Regional de Medicina (CRM) o o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que aseguran la calidad del servicio y la protección del consumidor. Al mismo tiempo, corresponde a estos profesionales garantizar sus propios derechos, ya sea en la relación con clientes, con socios o incluso con el Estado", destaca Carmem Bosquê, abogada del despacho Bosquê y Advogados, especialista en derecho laboral.
La actividad del profesional liberal está regulada por un conjunto de leyes que incluyen el Código Civil, la Constitución Federal y legislaciones específicas de cada profesión. La responsabilidad civil, por ejemplo, es frecuentemente subjetiva, es decir, requiere la demostración de culpa para que el profesional sea responsabilizado por posibles daños causados en el ejercicio de su función. Sin embargo, en algunas áreas, como la médica, la jurisprudencia ya admite responsabilidad objetiva en ciertos casos. La seguridad jurídica es un factor fundamental para el buen ejercicio de la profesión. Lamentablemente, muchos profesionales liberales aún enfrentan inseguridades, principalmente en relación con la formalización de contratos con clientes y la tributación. La orientación jurídica adecuada es una herramienta de protección tanto para el profesional como para el cliente», destaca Carmem.
Entre las principales ventajas de la actuación liberal están la libertad en la definición de horarios, el control sobre la propia carrera y la posibilidad de ganancias compatibles con el nivel de especialización. Por otro lado, el profesional liberal también enfrenta desafíos como la inestabilidad financiera, la ausencia de beneficios laborales y la sobrecarga administrativa, especialmente para quienes emprenden en solitario.
La relación con los clientes, a menudo basada en la confianza y en la prestación de servicios personalizados, también requiere cuidados. El contrato de prestación de servicios es fundamental para garantizar derechos y deberes de las partes, evitar litigios y establecer criterios objetivos para el pago, plazos y eventual rescisión.
La valorización del profesional liberal pasa por políticas públicas de incentivo al emprendimiento, simplificación tributaria y fortalecimiento de las entidades de clase. Además, la actualización profesional constante y el cumplimiento de las normas éticas son pilares para garantizar credibilidad y excelencia en el servicio prestado. "La actuación con responsabilidad, junto con la protección legal y la conciencia de sus derechos y deberes, convierte al profesional liberal en un verdadero protagonista del desarrollo social y económico del país", concluye la abogada.
