El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá, en un juicio de repercusión general, si los marketplaces y las empresas que intermedián pagos pueden ser responsables de la recaudación del ICMS en ventas realizadas por terceros, en los casos en que el vendedor no emite factura o incumple obligaciones legales. Según la Secretaría de Hacienda de Río de Janeiro, la medida podría generar hasta R$ 5 mil millones adicionales por año para las arcas del Estado. A pesar del potencial positivo de reforzar la recaudación para cada estado, la propuesta es vista con cautela, ya podría imponer costos elevados a las plataformas digitales, transfiriéndoles riesgos que originalmente corresponderían a los vendedores, además de abrir espacio para que cada estado establezca sus propias reglas, creando inseguridad jurídica y dificultando la actuación de las empresas a nivel nacional.
La ausencia de fundamento en la legislación actual para atribuir esta responsabilidad demuestra que los Estados, aunque bajo un justo pretexto, están transfiriendo su incumbencia fiscalizadora a los contribuyentes. Esto impacta directamente los costos de cumplimiento de las plataformas, sobre todo porque muchas operan a nivel nacional o incluso global. “El tema ha sido tratado de forma simplista bajo el sesgo regulatorio, con evidente transferencia de la carga fiscalizadora a las plataformas de marketplace que, en muchos casos, ni siquiera son contribuyentes del ICMS”, afirma Felipe Wagner de Lima Dias, socio responsable del área tributaria del bufete Marcos Martins Abogados.
Según el especialista, es necesario prestar atención a los tres principales posibles impactos de este movimiento:
- Desafíos jurídicos y de cumplimiento normativo – El STF necesita abordar si la legislación estatal tiene bases para responsabilizar a los marketplaces. En caso de avanzar en esta línea, sería necesaria una norma nacional uniforme para evitar inseguridad jurídica y costos desproporcionados. Alternativamente, podrían exigirse estándares mínimos de cumplimiento, como ya ocurre en otras situaciones de fiscalización tributaria.
- Impactos en los modelos de negocio y en la competitividad – Aunque la decisión no debería rediseñar toda la economía del comercio electrónico, podría elevar los costos y tarifas cobradas por las plataformas, que necesitan invertir en mecanismos de control y endurecer las reglas de registro y uso. Esto podría reducir el acceso de pequeños y medianos vendedores al entorno digital, especialmente en operaciones menos estructuradas.
- Costo del cumplimiento y agilidad del sector – En caso de haber responsabilización, la conciliación entre recaudación y eficiencia deberá venir de la automatización y de soluciones tecnológicas. Las plataformas pueden invertir en sistemas de inteligencia artificial e integración de datos fiscales para monitorear facturas, validar registros y reducir riesgos de responsabilización. Sin este soporte tecnológico, existe el riesgo de mayor burocracia y pérdida de la flexibilidad que caracteriza al comercio electrónico.
La decisión del STF podría ser un hito para la regulación del comercio electrónico en Brasil. Si por un lado puede traer mayor seguridad jurídica y uniformidad, por otro, suscita preocupaciones sobre aumento de costos, barreras de acceso para vendedores y mayor complejidad operacional para los marketplaces.
“El papel del marketplace siempre ha sido aproximar vendedores y compradores en un entorno digital. Aunque estos modelos han evolucionado para ofrecer servicios como flete, medios de pago e incluso herramientas fiscales, esto no los convierte en corresponsables de los tributos de terceros, así como un centro comercial no responde por los impuestos de sus tiendas”, opina Dias.
