Comprender los desafíos y las implicaciones legales al utilizar Pix en casos de fraude y errores de transacción

Con más de 150 millones de usuarios registrados, Pix se ha consolidado como uno de los principales medios de pago en Brasil. Datos de la Fundación Getulio Vargas (FGV) indican que en 2024, 63% de brasileños utilizaron Pix al menos una vez al mes, con un promedio de 32 transacciones mensuales por usuario. Otro estudio realizado por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) mostró el PIX fue el método de pago más utilizado en Brasil en 202463,8 mil millones de transacciones, un crecimiento de 52% frente a 41,9 mil millones en 2023, lo que refuerza el éxito del método de pago entre la población brasileña.

Sin embargo, la popularización del sistema desarrollado por el Banco Central también sacó a la luz un aumento significativo de fraudes, estafas y errores de transacción. Este escenario plantea discusiones urgentes sobre la responsabilidad legal involucrada en estos casos, tanto por parte de las instituciones financieras como de los propios usuarios.

Según la abogada del despacho Bosque & abogadas Karina Gutiérrez, el aumento de casos de estafas que involucran al Pix requiere un análisis exhaustivo del marco legal.“O Pix es un avance tecnológico sin precedentes, pero su rapidez y facilidad de uso también han abierto lagunas explotadas por los delincuentes. En casos de fraude, es fundamental evaluar si hubo un fracaso en la prestación del servicio por parte de la institución financiera, lo que puede generar una responsabilidad objetiva”, explica.

Desde el punto de vista jurídico, en estos casos se suele aplicar el Código de Protección al Consumidor (CDC), especialmente cuando se trata de relaciones entre clientes e instituciones financieras. En situaciones de error de transacción, como transferencias a cuentas equivocadas o fraude social ingeniería, los tribunales han analizado la conducta de los bancos en cuanto a la prevención, detección y respuesta a sucesos.

“En muchos juicios recientes, el tribunal ha entendido que cuando el banco no demuestra haber adoptado medidas adecuadas de seguridad y prevención, puede ser considerado responsable de las pérdidas sufridas por el cliente”, afirma Karina

Además, la Resolución 4.893/2021 del Banco Central establece lineamientos de seguridad que deben seguir las instituciones participantes de Pix, incluyendo la posibilidad de bloqueo preventivo de montos en casos sospechosos. Sin embargo, aún existen lagunas en cuanto a la estandarización de prácticas y la rendición de cuentas en fraudes cada vez más sofisticados.

En el ámbito fiscal, el uso masivo de Pix también ha atraído la atención del Servicio Federal de Impuestos, con discusiones sobre la trazabilidad de las operaciones y sus impactos fiscales, especialmente para los pequeños empresarios y autónomos. Ante esto, los expertos advierten sobre la necesidad de una mayor educación financiera y digital para los usuarios, además de la mejora constante de los estándares regulatorios y los sistemas de seguridad.

“Una responsabilidad es compartida, pero corresponde al sistema financiero garantizar medios eficaces de protección y recuperación de valores en casos de fraude. El consumidor, a su vez, debe ser consciente de las buenas prácticas y de los signos de golpe de estado. Este equilibrio es esencial para la confianza en el sistema”, concluye el abogado.

Con el continuo crecimiento de Pix, el debate sobre la responsabilidad legal se vuelve esencial para proteger los derechos de los consumidores y garantizar la integridad del ecosistema financiero brasileño. Por lo tanto, es esencial que las instituciones financieras, las empresas de tecnología y el gobierno actúen en colaboración para crear mecanismos de seguridad más sólidos, educar a los usuarios e implementar estándares claros de rendición de cuentas en casos de fraude. Sólo con un enfoque integrado será posible consolidar a Pix como una herramienta segura, eficiente y confiable para todos los brasileños.